Publicado originalmente en Mad in Brasil: https://madinbrasil.org/2023/11/o-que-as-comunidades-terapeuticas-no-brasil-revelam-sobre-o-processo-de-luta-por-direitos-a-saude-mental-em-uma-perspectiva-antimanicomial/ traducción del portugués al español por Mad in México
Tortura, violencia, sustracción de derechos humanos fundamentales. Estas expresiones se relacionan comúnmente con la realidad vivida por los individuos en los llamados programas de atención ofrecidos por instituciones conocidas como Comunidades Terapéuticas en Brasil.
Guiados por el discurso de ofrecer atención residencial temporal a las personas que sufren de uso nocivo de sustancias psicoactivas, basado en una supuesta falta de atención causada por la insuficiencia de las políticas de salud pública debilitadas por la falta de financiación resultante de la política de austeridad fiscal de Brasil, poseen la mayor parte de la inversión pública destinada a la atención de esta población y actualmente conforman la Red de Atención Psicosocial.
En 2018, los Consejos Federales de Psicología y Asistencia Social, junto con el Ministerio Público Federal y el Mecanismo de Combate a la Tortura realizaron una serie de inspecciones a estas instituciones, que dieron como resultado el Informe Nacional de Inspección a las Comunidades Terapéuticas. Desde entonces, las severas críticas de trabajadores, actores sociales y comunidad académica se han hecho evidentes y, aunque son blanco de recurrentes denuncias, se observa la baja o nula efectividad de estas acciones. Entonces, ¿qué nos puede decir el silencio ante estas quejas?
La garantía de mejores condiciones de salud y la protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de malestar psicosocial, relacionado o no con el consumo de sustancias psicoactivas, forman parte de un campo de lucha y reforma de un paradigma de atención que atraviesa saberes y prácticas en los campos de la salud pública, la salud colectiva y la salud mental. En Brasil, la consagración de estos movimientos se correlaciona con el proceso de redemocratización y la inclusión de los derechos de salud como derechos fundamentales garantizados por la constitución de 1988. Bajo la influencia de otros procesos de reforma en todo el mundo, que comenzaron a combatir las herramientas de segregación y aislamiento social de las personas no deseadas por la sociedad defendiendo el principio de la dignidad humana, se desarrolla ahora la historia de las políticas públicas de salud mental en Brasil.
En la época contemporánea, este movimiento surgió como respuesta a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. La discusión sobre el movimiento de internacionalización de los derechos humanos, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, comenzó a delinear importantes tratados para la protección de los derechos humanos con el llamado Derecho Internacional de los Derechos Humanos, proponiendo un ámbito global (Naciones Unidas – ONU) y un ámbito regional (sistemas europeo, interamericano y africano) para la composición de un universo instrumental con el objetivo de proporcionar una mayor eficacia en la protección y promoción de los derechos humanos.
En este mismo contexto histórico, en los países europeos comenzaron a surgir movimientos que proponían cambios en los modelos de atención a la salud, especialmente a los enfermos mentales, y pronto dejaron de ser movimientos locales para convertirse en parte de cambios paradigmáticos. Entre los procesos de reforma de la atención sanitaria, el movimiento de la Comunidad Terapéutica en Inglaterra, liderado por el médico militar Maxwell Jones, pasó de ser un modelo local de atención a una política de Estado, inspirando muchos otros procesos de reforma, como los de Estados Unidos y Brasil.
Brasil sólo empezó a participar en la protección internacional de los derechos humanos con el proceso de democratización iniciado en 1985, consagrando los principios de prevalencia de los derechos humanos y de la dignidad humana en la Constitución de 1988. La responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los derechos humanos reafirma la judicialidad de un conjunto de normas destinadas a proteger al individuo y afirmar la dignidad humana. Como resultado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a juzgar casos de violaciones de derechos humanos y estas sentencias empezaron a promover cambios institucionales en los sistemas nacionales de justicia, haciendo hincapié en la supervisión, la aplicación efectiva de las decisiones y las recomendaciones a los sistemas y mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos.
Desde el momento en que el Estado está obligado a proteger los derechos humanos, consagrando al individuo como principal concernido por esta responsabilidad, el incumplimiento de sus obligaciones por parte del Estado directamente o por particulares con el apoyo de los poderes públicos prevé consecuencias jurídicas y la exigencia de responsabilidades por la violación de estos derechos y la consecuente reparación de los daños causados. Un ejemplo de la aplicación de estas recomendaciones expresas y su repercusión en las políticas públicas de un país a través de sentencias condenatorias es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la muerte de Damião Ximenes Lopes, que estaba recluido bajo tortura en una clínica psiquiátrica de Sobral, Ceará.
La primera condena al Estado brasileño por ofensas a las obligaciones internacionalmente asumidas se relacionó con la práctica de sometimiento presente en la realidad de las instituciones que ofrecen una propuesta de atención bajo la orientación del paradigma psiquiátrico tradicional a individuos en situación de desamparo psicosocial, consuman o no sustancias psicoactivas. El caso ha tenido repercusiones hasta el día de hoy, haciendo referencia a las decisiones del Consejo Nacional de Justicia de establecer la Política Anti-Asilo del Poder Judicial en el contexto de los procesos penales y la ejecución de medidas de seguridad, en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley N º 10.216/0.
Aunque el caso se considere cerrado, con base en la resolución del Consejo Nacional de Justicia n.º 487/2023, que en su artículo 2 considera la Red de Atención Psicosocial una herramienta para garantizar la singularidad, la autonomía y la dignidad humana en proscripción de la práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la inclusión de instituciones denominadas Comunidades Terapéuticas en esta red de atención contradice los presupuestos de tal decisión.
Las Comunidades Terapéuticas representan actualmente, en el escenario brasileño, el mantenimiento de lógicas manicomiales, en total desacuerdo con el uso original del término establecido por Jones en la década de 1940. Hoy son un dispositivo que consolida, incluso en contra de los pactos internacionales que protegen la dignidad humana, un modelo de tratamiento asilar, punitivo y basado en la corrección moral, favoreciendo las políticas que eligen estas instituciones como equipamientos prioritarios en la actual política de drogas, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre.
Aunque haya habido avances en los campos de los derechos humanos, salud mental, atención psicosocial, alcohol y otras drogas en consonancia con las políticas antimanicomiales, con propuestas que favorecen una recomposición de las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y discursivas de los sujetos vulnerables susceptibles a esa violencia, el silencio ante las denuncias de la violencia practicada en el interior de las instituciones conocidas como Comunidades Terapéuticas revela la perpetuación del apoyo del Estado brasileño a prácticas combatidas a través de pactos internacionales de protección de los derechos humanos fundamentales.
