Presentado al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 15 de febrero 2021
SinColectivo es un grupo plural mexicano de Expertos por Experiencia y activistas en discapacidad psicosocial y Mad Culture creado en la Ciudad de México en 2019 y con alcance nacional que ha gestionado actividades que buscan generar procesos de sensibilización y participación de las personas con discapacidad psicosocial en la exigencia de sus derechos plenos.
A lo largo de la historia, nuestro colectivo ha sido estigmatizado y discriminado por no cumplir con parámetros de normalidad, funcionalidad y productividad. Hemos sido patologizados desde planteamientos que acaban justificando la restricción de nuestros plenos derechos, la imposición de medidas coercitivas y la privación de nuestra libertad al considerarse que nuestra existencia disruptiva es potencialmente peligrosa.
La actual contingencia sanitaria ante la pandemia de COVID-19 ha representado un mayor riesgo de contagio y muerte para las personas con discapacidad en general, y en particular para las que están institucionalizadas. Desde nuestra posición advertimos que es necesario implementar las siguientes acciones:
– Crear equipos multidisciplinares que intervengan dentro de las residencias para que las personas con discapacidad psicosocial institucionalizada ejerzan su derecho a la vida en comunidad y que ayuden a construir programas personalizados en los que se contemple la realización de ajustes y apoyos razonables, y en los que se tenga en cuenta el apoyo psicosocial y la accesibilidad cognitiva. En estos equipos deben participar personas expertas por experiencia.
– Los programas que buscan la desinstitucionalización deben anunciar tres momentos por los que pasarán las personas en esta situación, el presente de la institucionalización, la transición a la vida comunitaria y la vida comunitaria con ajustes y apoyos, para lo cual las estrategias deben ser continuas y transversales.
– Establecer la obligación del Estado mexicano de implementar un plan de desinstitucionalización programado.
– Armonizar el marco normativo nacional con las normas internacionales sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, en particular la normativa sobre salud mental y los códigos civil y penal.
– Al mismo tiempo, es necesario establecer en las leyes, reglamentos y normas el desglose de los recursos financieros para que sean considerados en el presupuesto del país.
– Incluir expresamente a las personas con discapacidad institucionalizadas, desinstitucionalizadas y deshabituadas en la normativa y en los programas de inclusión de personas con discapacidad.
– Aplicar estrategias que permitan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad institucionalizadas, como el derecho al voto.
– Elaborar un censo de la población actualmente institucionalizada en el que se considere la información desagregada por género y edad.
– Considera la necesidad de incluirlos en los planes de Renta Básica Universal.
– Iniciar procesos de reparación jurídica para las personas con discapacidad psicosocial que han sido privadas de su libertad en instituciones por motivos de discapacidad.
